Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de las medidas que permitían a los agentes aduanales excusarse de responsabilidad en ciertos procedimientos, obligándolos a una mayor vigilancia y a garantizar que la mercancía declarada en el pedimento corresponda fielmente con lo que se introduce o se extrae del país. La intención es que el agente aduanal comparta una responsabilidad legal más estrecha con el importador/exportador.

Además, la reforma contempla la obligatoriedad de implementar sistemas tecnológicos avanzados, como control de inventarios y videovigilancia, para obtener y mantener autorizaciones en recintos fiscalizados o estratégicos. Se busca migrar hacia un expediente electrónico de operaciones más riguroso y transparente, que integre documentos esenciales como CFDI, facturas comerciales y comprobantes de pago, facilitando la comprobación por parte de la autoridad aduanera (ANAM).

Para el sector, esta actualización representa un desafío y una oportunidad. El reto es adaptarse rápidamente a los nuevos niveles de control y tecnología; la oportunidad es consolidar su papel como garantes de la legalidad y la transparencia en el comercio exterior mexicano.